El consumo responsable de vino también puede ser Delito, según la última campaña de la DGT

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas desea expresar ante la opinión pública su malestar y disconformidad con los contenidos de la campaña publicitaria que actualmente realiza en radio y televisión la Dirección General de Tráfico.

“Lo que bebes en la comida, en el aperitivo, también puede ser delito. ¡Y cualquier día vas a acabar en la cárcel!”. Esta amenazante frase corresponde a dicha campaña de la DGT, cuyo objetivo es prevenir los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Objetivo muy loable, para el que sin embargo se utiliza un argumento a todas luces desmesurado, falto de credibilidad y redondeado con el siguiente despropósito: “Te tomas unas cañitas, tus vinos al medio día... ¿a quién van a detener por eso? Pues a ti, ¿te enteras?”.

Una vez más la Administración Pública maltrata y discrimina en sus campañas al vino, única bebida alcohólica que se menciona expresamente con su nombre. De poco ha servido su reconocimiento en la Ley de la Viña y el Vino de 2003 como alimento ligado a la dieta mediterránea, con innumerables ventajas para la salud e íntimamente relacionado con la historia, la cultura y la economía de nuestro país. Un reconocimiento legal del máximo rango que debería ser tenido en cuenta por cualquier normativa que pretenda salvaguardar nuestra salud, como lo es la regulación, sin duda necesaria, del consumo de bebidas alcohólicas y la conducción de automóviles.

Pero es obvio que la DGT transgrede con su campaña los límites de la legislación actual en la materia y estigmatiza el consumo de vino en las comidas, convirtiéndolo en un hecho delictivo. Este abusivo lenguaje publicitario es algo que clama contra la más elemental racionalidad y el derecho de las personas al consumo responsable de un producto saludable como el vino. El trato injusto a que se le somete en la campaña constituye además una grave amenaza para el conjunto de la vitivinicultura española, dada la gran trascendencia que la viña y el vino tienen en nuestro país, tanto en su componente socioeconómica y de desarrollo rural (1,2 millones de hectáreas, 400.000 explotaciones, 30.000 empleos directos y otros tantos complementarios), como medioambiental, ya que el cultivo del viñedo está integrado en el medio natural, protegiendo los suelos contra la erosión y configurando el paisaje.

Resulta por tanto inaceptable la demagógica argumentación empleada por la actual campaña publicitaria de la DGT e incomprensible por qué se criminaliza al vino cuando las pautas de consumo moderado dentro de una dieta equilibrada que se dan en el vino, pueden perfectamente servir de ejemplo frente a otros consumos inadecuados de alcohol. La información y la formación sobre la cultura del vino desembocan en una prevención natural que resulta la mejor forma de atajar el riesgo de abuso en el consumo.

Esta es precisamente la línea de actuación que preconiza la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, apostando por la promoción del “consumo responsable”. Igualmente, nos parecen magníficas otras iniciativas como las emprendidas desde la Comisión Europea que, frente al ineficaz prohibicionismo de algunas campañas antialcohólicas, fomenten el consumo responsable de un producto saludable como el vino.

Ley Viña y Vino

TÍTULO IV

Órganos de control de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas

CAPÍTULO I Órganos y entidades competentes

Artículo 36. Órganos y Entidades competentes para el control y certificación de los vinos de calidad con indicación geográfica.
1. El reglamento de cada vino de calidad con indicación geográfica establecerá su sistema de control y certificación que podrá ser efectuado:
a) Por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, en cuanto organismo público de control, mediante el departamento correspondiente integrado en su estructura con la colaboración, en su caso, del personal técnico que preste servicios en la Asociación y que esté habilitado por el propio Instituto, y para los supuestos que reglamentariamente se determinen.
b) Por entidades independientes de certificación que cumplan la norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya, inscritas en el Registro de Entidades de Certificación de productos agroalimentarios de Castilla y León y con alcance para el reglamento específico.
2. En cualquier caso, la Consejería de Agricultura y Ganadería podrá efectuar los controles complementarios que considere convenientes, tanto a los operadores como a los órganos o entidades de control.

Artículo 37.

Órganos y Entidades competentes para el control y certificación del resto de v.c.p.r.d.
1. El Reglamento de estos v.c.p.r.d. establecerá su sistema de control y certificación que podrá ser efectuado:
a) Por un órgano de control de naturaleza pública, adscrito al órgano de gestión, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
Que se encuentren adecuadamente separados los órganos de gestión de los de control y certificación.
Que su actuación se realice sin dependencia jerárquica ni administrativa respecto del órgano de gestión y bajo la tutela de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Que se garantice la independencia del personal que realiza las funciones de control y de certificación y la inamovilidad de los primeros por un periodo mínimo de seis años. El personal que realiza las funciones de control deberá ser habilitado por la Consejería de Agricultura y Ganadería y su remoción deberá ser motivada e informada favorablemente por ésta.
Cualquier otro que se establezca reglamentariamente.
El Consejero de Agricultura y Ganadería autorizará la composición y funcionamiento de estos órganos de control.
b) Por entidades independientes de certificación que cumplan la norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya, inscritas en el Registro de Entidades de Certificación de productos agroalimentarios de Castilla y León y con alcance para el reglamento específico.
c) Por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, en cuanto organismo público, mediante el departamento correspondiente integrado en su estructura y para los supuestos que reglamentariamente se determinen.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el sistema de control y certificación para los vinos de pagos que cuenten con un órgano de gestión específico será efectuado por las entidades contempladas en las letras b) y c) del apartado anterior.
3. En cualquier caso, la Consejería de Agricultura y Ganadería podrá efectuar los controles complementarios que considere convenientes, tanto a los operadores como a los órganos o entidades de control.